Inversiones, infraestructura y regulación concentran las principales novedades
La agenda energética de los últimos días volvió a estar dominada por Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura para exportaciones y una serie de medidas regulatorias con impacto sobre distintos segmentos de la industria. Entre las novedades más relevantes, el Gobierno aprobó un proyecto de US$4.500 millones bajo el RIGI destinado al desarrollo hidrocarburífero en Vaca Muerta, correspondiente a Rincón de Aranda. Se trata del primer proyecto de upstream de la formación alcanzado por este régimen, un paso que puede reforzar el flujo de inversiones y la expansión de la producción.
Los indicadores de actividad también acompañan esa tendencia. La producción nacional de petróleo alcanzó un máximo histórico en mayo con 903,7 mil barriles diarios, mientras que Vaca Muerta aportó el 69% del total. En paralelo, la producción de gas llegó a 156,6 millones de metros cúbicos diarios y las exportaciones de crudo impulsaron un récord de actividad en Puerto Rosales, poniendo de relieve la creciente importancia de la infraestructura logística.
En ese contexto, continúan avanzando obras estratégicas. El proyecto de exportación de GNL en la costa de Río Negro ya superó el 60% de avance en su primera etapa y mantiene el objetivo de iniciar exportaciones en 2027, mientras siguen las tareas de fiscalización ambiental. A su vez, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada continúa su desarrollo y amplía la capacidad prevista para evacuar y exportar petróleo.
El panorama también muestra desafíos operativos y regulatorios. La ola de frío mantiene presión sobre el sistema gasífero, aunque el Gobierno aseguró que no están previstos cortes para usuarios residenciales y continúan las restricciones para consumos interrumpibles. Al mismo tiempo, avanzan nuevas exigencias para el mercado: ARCA implementó un sistema de trazabilidad para combustibles y el ENReGE dispuso la inscripción de distribuidoras y transportistas en el registro de la Oficina Anticorrupción, incorporando nuevos requisitos de control e integridad. En paralelo, las estaciones de servicio enfrentan mayores costos energéticos tras la actualización tarifaria, un factor que podría incrementar el interés por medidas de eficiencia energética.
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